La Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que el Gobierno aprobará este próximo martes en Consejo de Ministros, aumentará el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del ‘coordinador de bienestar y protección’.